La Generalitat acusa al alcalde de Vic de vulnerar la Ley de Protección de Datos
Delatar a sin papeles de forma unilateral y a partir del padrón es ilegal. Esta es la conclusión de varios expertos en derecho y protección de datos y la opinión del Gobierno catalán tras la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona). El alcalde del municipio, Josep Maria Vila d'Abadal -de Convergència i Unió-, activó el lunes el protocolo para notificar al Gobierno el nombre y la dirección de los inmigrantes irregulares empadronados en el municipio. Todavía no ha podido hacerlo, puesto que esta semana ningún inmigrante sin papeles se acercó a la oficina del padrón de Vic.
"Para ceder los datos del padrón debe haber petición previa. Una norma así no se puede hacer alegremente", aseguró ayer Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas experta en Protección de Datos, que especificó que para que la delación sea legal "debe haber una norma que lo especifique, en la que debería quedar muy acotada la finalidad de la cesión".
"Tengo muchas dudas de que la decisión de Vic sea legal y constitucional", añadió Laura Díez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Para Díez, lo que ha hecho el alcalde de Vic es "ir por delante" de la Ley de Extranjería, que permite a la policía conocer la situación de los inmigrantes a través del padrón. El Gobierno de la Generalitat no tiene dudas y ayer proclamó la ilegalidad de la norma del alcalde de Vic. Los Servicios Jurídicos del Estado estudiarán, a petición del Gobierno, la legalidad de la delación, anunció ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.
Vila d'Abadal se reafirmó ayer en su intención pese a que sus socios en la alcaldía del municipio, el Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana, se han mostrado reacios a su acción, aunque no han roto por ahora el pacto de gobierno municipal.
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